JUSTICIA

El abogado Andrés Ojeda asegura que podría configurarse la nueva figura de "divulgación de grabaciones o imágenes de la intimidad", que está descrita en la ley de violencia doméstica sancionada en 2017. 

Cuando una señora, productora rural ella, se convirtió en el involuntario hazme reír del país entero con aquello de “la tarjeta de las mucamas”, su primera reacción fue cerrar sus cuentas en redes sociales y se recluyó en su casa.  

No salió por varios días, avergonzada por la viralización de una conversación que tuvo con una funcionaria de call center y en la que habría empleado la ironía como humorada frente a sus amigas, que estaban en la casa mientras ella hablaba en alta voz con la telefonista del cine.

La mujer apeló a los servicios de un abogado y meses después de la difusión hizo un acuerdo con la empresa del call center que implicó un resarcimiento económico y las partes dieron el tema por terminado sin que se llegue a estrados judiciales.

Hoy, la viralización de contenido para una audiencia o un fin distinto al que fue creado por su protagonista está de nuevo en el tapete y se ha cobrado otra víctima nacional: Rodrigo Romano. El relator está en crisis con su pareja de hace cuatro años, Fernanda Del Río, quien dio su versión y dijo que todo comenzó el 26 de diciembre cuando recibió chats demostratorios de presuntas infidelidades del relator.

Según el testimonio de Del Río, había cinco eventuales amantes y las seis mujeres formaron un grupo de WhatsApp donde comparten audios y capturas que involucran a Romano. Ese sería el caldo de cultivo de las fotos y videos íntimos del relator que salieron a la luz en los días sucesivos.

Primero, comenzaron a circular fotos y videos de Romano recogiendo la ropa en la piscina de la casa que compartían con Del Río y en una captura de pantalla se lo calificaba de “violento”. Las imágenes datan del 26 o 27 de diciembre, cuando se desencadenó la crisis y ella le tiró sus pertenencias al agua.

El contraataque de Romano fue una amenaza de denuncia por difamación e injurias. Del Río rechaza ese “comunicado infame” y exige una disculpa pública.

La mujer asegura que las fotos de la piscina fueron tomadas por la empleada doméstica de la casa, quien se las reenvío a ella y Del Río las compartió con “las otras chicas”. Es decir, con el grupo de las supuestas “amantes” de Romano. Ese fue el comienzo de la primera viralización.  

Pero la segunda fue mucho más grave. El 3 de enero comenzó a circular un video íntimo del relator. “Ese video no me lo envió a mí. No fue grabado en esta casa y no sé quién lo dio a conocer”, se desmarca Del Río.

Desde el entorno de Romano, sin embargo, rechazan esta versión. Los allegados aseguran que el relator está convencido de que las imágenes de la piscina fueron tomadas por la propia Fernanda y que el video sexual difundido fue enviado por él para Del Río a mediados de 2016.  O sea, también ella sería la responsable de enviarlo. 

Del Rio, en cambio, responsabiliza a alguna de “las otras chicas”. Al mismo tiempo, también alguna de ellas está preocupadas porque supuestamente el intercambio de imágenes de alto voltaje era mutuo con Romano. Es decir, él también cuenta con fotos íntimas de una o varias de ellas.  Y también de Del Río, aunque la mujer lo niega. "Yo nunca me grabé, ni dejé que me grabaran en la intimidad". 

El abogado Andrés Ojeda, especialista en Derecho Penal, aseguró que existe una nueva figura delictiva que castiga el comportamiento de “viralizar” imágenes privadas. La figura tiene el nombre de “divulgación de grabaciones o contenido íntimo” y fue creada por la reciente ley contra la violencia de género (número 19580), sancionada en 2017.  

“Ya hubo dos o tres formalizaciones por este delito, aunque los casos se cerraron con acuerdos”, añade el letrado. La pena va de seis meses a dos años de penitenciaría.  

Sobre el caso de Romano, Ojeda agrega: “Yo creo que Rodrigo tiene una denuncia para hacer”.  

Ignacio Durán, el abogado de Romano, no menciona este flamante delito pero sí habla de una posible violencia privada (extorsión) en cuanto Fernanda o alguna de “las otras chicas”, habría coaccionado a Romano a cambio de no difundir (más) imágenes de la esfera privada.

Nadie sabe cuándo terminará la escalada de esta especie de “Guerra de los Roses” en la era del WhatsApp. Los abogados de Romano y de su expareja mantienen diálogo para rubricar un acuerdo de no agresión mutua. 

Lo que muchas veces ocurre en estos casos es que más allá de cualquier diferencia, las dos partes suelen coincidir en algo: quieren terminar con el tema lo más rápido y discretamente posible. En última instancia, suele ser el tiempo el único remedio contra los daños de la viralización.  

Chris Namús fue la primera víctima local de la viralización. En setiembre de 2012 un video íntimo de la boxeadora comenzó a circular por sitios XXX de Internet. Muy pocos en Uruguay usaban WhatsApp en aquel tiempo.
El caso generó un enorme revuelto. Tras la denuncia judicial, se dio con los responsables. Es decir, aquellos que encontraron el celular extraviado del exnovio de Namús en un ómnibus y que al revisar su contenido encontraron las imágenes. Las compartieron como “una gracia”.  

Pero los cuatro responsables, trabajadores de una curtiembre de San José y sin antecedentes penales, fueron absueltos. No había un delito para ellos en la legislación de ese momento.

Para Namús, implicó un quiebre en su carrera y en su vida. Ha necesitado hacer terapia para dar vuelta la página de aquel doloroso episodio.

“Viví un infierno y hasta el día de hoy por ignorantes como vos sigo teniendo problemas”, le respondió hace pocos días a un usuario de Twitter que especulaba con una afectación relativa en la vida de la boxeadora.

El verano de 2014 se vio sacudido por el caso de una joven que fue grabada en el baño del camping de Santa Teresa mientras mantenía sexo oral con varios hombres.  

El caso llegó a la esfera judicial en cuanto la joven, estudiante de medicina y oriunda de Durazno, hizo una denuncia por abuso sexual. La Justicia liberó de culpa a los implicados en el entendido de que la relación había sido consensuada y, otra vez, viralizar no era delito en aquel momento.

En setiembre de 2016, la víctima de una masiva viralización de contenido privado fue el periodista Ignacio Álvarez. Habían ingresado ladrones a su casa quienes, entre otras pertenencias, se llevaron un viejo celular que contenía el video en cuestión.   

Álvarez hizo en su momento la denuncia por el hurto, pero la viralización no tuvo implicancia judicial en cuanto no existía el delito y además, no había acusado. No se sabía quién fue el primero en compartir las imágenes.

Esta es otra complejidad de los casos de viralización. Cuando el material en cuestión se comparte a través de Internet, las autoridades tienen mayores herramientas (dirección de IP, etc.) para dar con el primer responsable en caso de que la víctima no sepa cómo ocurrió el delito.  

Ahora, con las redes sociales como WhatsApp, la identificación es más compleja por la vía tecnológica y en los hechos, se apela mayormente a la investigación policíaca tradicional de seguir pistas u hacer interrogatorios.  

Hubo más casos en Uruguay y que afectaron a figuras públicas de la viralización de contenido no sexual, pero sí de su esfera íntima.  

En abril de 2016, los celulares uruguayos se despertaron con un audio viral donde se escuchaba a Juan Carlos Scelza haciendo bromas en una presunta condición de hincha de Peñarol y burlándose de la pronunciación de la “erre” del ahora expresidente de Nacional, José Luis Rodríguez.

El audio formaba parte de una conversación en clave de humor que sostenía Scelza con otros compañeros en una tanda del programa Sin límite (VTV). Si bien el comentarista llamó “malnacido” a la persona que grabó la conversación y la hizo viral, cuando se supo quién había sido, JC pidió que no se lo sancione con el despido. En la actualidad siguen siendo compañeros en Tenfield.  

La defensa del involucrado fue que grabó a Scelza para mostrarle a sus amigos que, con la cámara apagada, JC deja de lado su perfil serio y es un recurrente bromista. Una vez compartido el audio con el grupo de amigos, se salió de control.

A fines de 2016, el periodista César Bianchi enfrentó las consecuencias de un video grabado por un inspector de tránsito mientras lo multaba por conducir con niveles inaceptables de alcohol en sangre. Las imágenes aceleraron la salida del periodista del programa Santo y seña, que integraba desde los inicios.