ABUSO

El colectivo de Actrices Argentinas, junto a otras asociaciones feministas, presentó en rueda de prensa una nueva denuncia por acoso sexual. En este caso fue contra el ahora exdirector del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel, quien renunció tras la denuncia realizada por Anahí de la Fuente. Las actrices decidieron no citarlo con nombre y apellido. 

"Gracias a todos los que estamos aquí. Somos 60 organizaciones feministas y transfeministas de la cultura, la educación y los derechos humanos que nos comunicamos para dar un mensaje urgente", comentó Laura Azcurra en el comienzo de la conferencia de prensa, para leer luego los nombres de cada una de las organizaciones que firman el comunicado. 

"Nos unimos para visibilizar de forma masiva una realidad extendida en todos los ámbitos académicos y laborales. La violencia de género y el acoso sistemático ejercido desde el abuso del poder". 

Luego, fue Jazmín Stuart la que tomó la palabra, quien siguió con la lectura del comunicado: "Acompañamos en este acto la denuncia penal de Anahí de la Fuente, quién sufrió acoso y maltrato dentro del Centro Cultural San Martín por un directivo que a su vez es responsable de una cátedra dentro de la UNA (Universidad Nacional de las Artes). También acompañamos a todas aquellas personas que día a día sufren violencia de género en sus respectivos trabajos y universidades y que todavía no pudieron alzar su voz. Repudiamos por completo el hecho de que un sujeto que ejerce este tipo de violencias ocupe cargos jerárquicos en espacios que reúnen la cultura, la educación y el Estado. Y estamos aquí para decir basta. En un país en dónde el trabajo es cada vez más inaccesible y precarizado, no podemos desoir las voces de quiénes por la necesidad imperiosa de conservar un puesto laboral, deben soportar día tras día el acoso sexual y la vulneración de sus derechos fundamentales". 

Acto seguido, fue Alejandra Flechner quien siguió con la lectura: "Jefes que creen ser dueños de los cuerpos de sus empleades, manoséandoles, haciendo comentarios sobre su aspecto físico, su vestimenta, insinuándose, persiguiéndoles y castigándoles al primer asomo de rechazo con gritos o trabajos fuera del horario pautado. Tratándoles de incapaces, rebajándoles por su género, haciéndoles realizar tareas no correspondiéntes y humillándoles públicamente en caso de no cumplir con sus reglas machistas y autoestablecidas. Estas personas, además, generan climas persecutorios y atropello laboral en las áreas que lideran propiciando el silencio y el temor de quienes atestiguan estos actos abusivos. Cuándo la víctima decide hablar la amenazan de manera encubierta o directa. Cuándo la víctima decide denunciar, la dejan sin trabajo como a nuestra compañera", cerró Flechner para pasarle luego el micrófono a Anabel Cherubito. 

"Cuando la posibilidad de que otro empleade sea testigo y decida acompañar a la víctima, utilizan ciertos métodos de extorsión con prácticas obvias como inesperados aumentos de sueldo en un evidente intento de comprar su silencio. Si esto no afecta el trato, también son amenazados con dejarles sin empleo. Basta de encubrimiento, basta de naturalizar la violencia, basta de amiguismos que ubican a agresores en espacios de poder, y definitivamente basta de silenciar a las víctimas a través de actos intimidatorios y de amenazas. La mayoría de las veces este funcionamiento es propiciado por un modo de contratación basura avalado por el Estado, el cual no asegura la protección de los derechos básicos de les trabajadores". 

Malena Sánchez continuó con la lectura. "La persona acosada, además de soportar el trauma de haber sido abusada por el descaro de su superior, queda desplazada de su fuente de ingresos y su espacio de pertenencia, mientras el agresor conserva su puesto protegido por la impunidad de quienes le otorgan sus privilegios. Es sabido que esto no se limita al espacio laboral. En el ámbito académico existen docentes que acosan a les estudiantes con comentarios y acercamientos físicos inapropiados, sometiéndolos a hostigamientos y poniéndoles en juego su desempeño como estudiantes y futuros profesionales. Esto no se limita a este caso, es una práctica sistemática que no vamos a tolerar más". 

Con micrófono en mano, Cecilia Roth tomó la palabra. "En paralelo, el sistema judicial sigue siendo indiferente frente a los relatos de las personas agredidas, poniéndolas en el banquillo de los acusados y revictimizándolas con estándares probatorios que no se adaptan a este tipo de delitos. La mayoría de las veces los casos son archivados y desestimados, o cuando se elevan a juicio estos tardan meses, algunos años, mientras que las víctimas siguen padeciendo las consecuencias de los malos tratos y del desempleo. Contra todo esto, exigimos un criterio de selección de personas formadas con perspectiva de género para todos aquellos roles de poder y de decisión dentro de todos los espacios dependientes del Estado. Para esto es fundamental la adhesión de la Ley Micaela", dijo antes de cederle el lugar a Laura Azcurra. 

"Planteamos esto con la esperanza de que este criterio se extienda a cualquier ámbito público y también al privado. Porque sabemos que esto sucede en cualquier espacio de trabajo. El sistema debe reinventarse de raíz, para garantizar un clima laboral justo y saludable. El trabajo debe dignificar, no humillar. Debe aplicarse un protocolo de género en cada ámbito privado o público, y debe ser respetado por cada persona que integre esos espacios". 

Seguidamente, Julieta Diaz agregó: "Tal como lo estipula la declaración de la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas, los Estados deben propiciar por todos los medios y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Entenderá que la violencia contra la mujer abarca la violencia física, sexual y psicológica, perpetuada o tolerada por el estado donde quiera que ocurra. Exigimos eliminar la precarización laboral y las contrataciones basura. Que no dejen a les empleades en estado de vulnerabilidad frente al maltrato, acoso y abuso. Esto es parte de un sistema que atenta contra la integridad física y emocional de las personas". 

Para finalizar, fue Thelma Fardin quién tomó la palabra. "Exigimos la reincorporación de manera urgente de las trabajadoras del Centro Cultural San Martín que fueron removidas de sus puestos por animarse a denunciar. Reclamamos la eliminación del nepotismo como forma de designación de cargos. Queremos concursos transparentes que además de tener en cuenta la capacidad de oficio de les concursantes, evalúen su criterio respecto de la perspectiva de género. Somos 60 organizaciones que decidimos unirnos para poner este tema en los ojos de la sociedad. Deseamos que se debata en todos los espacios laborales y sobre todo que se instale en la agenda política de los medios. Que ante los hechos el sistema proteja a la víctima y no al victimario. Que ninguna persona deba soportar nunca más situaciones de acoso, maltrato o abuso para poder vivir de su trabajo. Estamos juntes, no nos callamos más".